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Modelo 720. Problemática y sentencias.

 

Ya es conocido que el modelo 720, de declaración sobre bienes y derechos situados en el extranjero, ha generado mucha polémica desde su aparición en el año 2012. Lejos de resolverse dicha controversia, ésta aumenta con el paso de los años y las sentencias que se han interpuesto. Existe la creencia, bastante generalizada, del abuso en la imposición de sanciones a los declarantes de este modelo, especialmente cuando lo presentan fuera de plazo, en cuyo caso dichas sanciones pueden suponer multas que superan el 150% de la cantidad no declarada dentro del plazo establecido.

Se tienen datos de hasta 5.000 contribuyentes que han sido penalizados desde que esta declaración se pudo en marca, llegando a alcanzar en 2015 el máximo de expedientes en curso abiertos. es en ese mismo año cuando Europa abre un procedimiento sancionador a España y este verano, en el mes de junio, la Comisión Europea ha decidido llevar a España al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea por la imposición de sanciones desproporcionadas. Debido a este hecho, muchos de los contribuyentes que han recibido sanciones por la falta de notificación a tiempo de sus activos en el extranjero han interpuesto recursos a sus sanciones, aunque no todos los tribunales españoles han respondido igual ante este hecho.

Entre los tribunales que sí que han respondido a las peticiones de los contribuyentes destaca el TSJ de Cataluña, que considera que las sanciones deben anularse puesto que si a la AEAT le consta que la Comisión Europea ha emplazado a España a modificar la legislación y este hecho no se ha producido, hay una «clara ausencia de motivación del presupuesto de culpabilidad». Por otro lado, el TSJ de Extremadura, aún partiendo de la misma base que el de Cataluña, resuelve totalmente en el sentido contrario y afirma que si una persona posee bienes en el extranjero no comprende la alegación del desconocimiento de la normativa española al respecto, por lo que mantiene la sanción puesto que entiende que dicha persona debe estar asesorada en sus obligaciones fiscales.

Al  margen de todo lo anterior, Bruselas tiene claro que hay desproporción en las sanciones impuestas y mantiene que estas disposiciones entran en conflicto con «las libertades fundamentales de la UE, como son la libre circulación de personas, de trabajadores, la libertad de establecimiento, la libre prestación de servicios y la libre circulación de capitales». En vistas del no cumplimiento por parte de España de modificar sus normas sobre el modelo 720, para lo cual se le dio un plazo de 2 meses en febrero de 2017, Bruselas ha decidido remitir el caso a la máxima instancia judicial europea.

Comments

  • Un comentarista de WordPress

    25 febrero, 2019

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